Defensoría exige que la CRC renuncie a solicitar información editorial a los medios de comunicación

En medio de una creciente tensión entre el Estado y los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo ha exigido que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) retire un requerimiento dirigido a diversos medios en el que se solicita acceso a documentos y mecanismos internos de toma de decisiones editoriales, advirtiendo que dicha solicitud podría vulnerar principios esenciales de la libertad de prensa.

¿Qué pidió la CRC?

El pasado 10 de octubre, la CRC envió una circular a varios canales de televisión y emisoras radiales solicitando que revelaran información sobre sus políticas editoriales. Entre lo requerido están:

• Actas, relatorías y manuales internos que registren decisiones editoriales

• Criterios de selección de contenidos

• Mecanismos de autorregulación y capacitación

• Procedimientos internos para garantizar imparcialidad, objetividad y veracidad

En la carta original, se menciona que el incumplimiento podría acarrear “medidas administrativas correspondientes”.

Luego de las críticas, la CRC publicó una aclaración indicando que esa solicitud no busca un proceso sancionatorio, sino que tiene carácter “informativo y analítico”, y que la participación sería voluntaria.

La reacción de la Defensoría

Para la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, esta circular presenta riesgos que superan cualquier buena intención:

• Vulneración de derechos constitucionales: La solicitud podría vulnerar los artículos 20, 73 y 74 de la Constitución, que garantizan la libertad de expresión, actividad periodística, el acceso a la información y el secreto profesional.

  
  

• Riesgo de censura indirecta: Al pedir acceso a deliberaciones y documentos internos, puede generarse un efecto inhibidor sobre la libertad de decidir qué y cómo informar.

  
  

• Falta de claridad jurídica: La CRC corrigió el mensaje posteriormente, pero la Defensoría insiste en que no se han despejado las dudas sobre el carácter obligatorio o voluntario, ni el destino que tendrán los documentos solicitados.

En su misiva, la Defensoría pide que el requerimiento sea retirado completamente y propone abrir un diálogo institucional con los medios para avanzar en estrategias que respeten la autonomía editorial y el pluralismo informativo.

Intervención de la Procuraduría y otros actores

La Procuraduría General de la Nación abrió una acción preventiva para evaluar la legalidad del requerimiento y advirtió sobre riesgos de extralimitación institucional, censura y vulneración del secreto profesional.

Organismos como la FLIP han señalado que aunque la CRC afirme que la participación es voluntaria, la sola exigencia puede presionar indirectamente y erodir la independencia de los medios.

Por su parte, la CRC ha defendido que su rol regulador le permite recabar información para promover el pluralismo informativo. No obstante, la institución admite que debe precisar mejor los límites y garantías legales.

Importancia del debate para la libertad de prensa

Este episodio representa mucho más que una controversia administrativa. Pone sobre la mesa preguntas esenciales:

• ¿Hasta dónde puede un órgano estatal inquirir sobre la política editorial de los medios sin invadir su autonomía?

• ¿Cuáles son los estándares constitucionales e internacionales que protegen deliberaciones internas de los periodistas como espacios inviolables?

• ¿Es legítima la autorregulación voluntaria en lugar del control estatal directo en materia de medios?

La jurisprudencia nacional e internacional apunta a que las decisiones editoriales deben estar protegidas contra interferencias estatales, pues ese margen es vital para garantizar diversidad, crítica social y pluralismo de voces.

La exigencia de la CRC encendió una alarma que unió voces de defensores de derechos humanos, organismos de control y medios de comunicación. La Defensoría del Pueblo tiene razón al señalar que, aunque la intención declarada sea informativa, la forma y el contenido del requerimiento no respetan los estándares mínimos para resguardar la autonomía editorial.

En momentos en que la libertad de prensa enfrenta presiones desde múltiples frentes, este episodio sirve como recordatorio de que los medios no pueden someterse a controles que comprometan su independencia. Radio Rebel, como espacio crítico y vigilante, seguirá de cerca la evolución de este debate y su impacto sobre el derecho ciudadano a la información.