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Gobierno declara Emergencia Económica, Social y Ecológica en 8 departamentos del país

El Gobierno Nacional de Colombia, a través del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del país por un período de 30 días calendario, ante la grave crisis generada por lluvias intensas e inundaciones sin precedentes que han afectado amplias zonas del Caribe y el Pacífico colombiano.



La medida fue firmada por el presidente Gustavo Petro y contempla la activación de facultades extraordinarias que permitirán al Ejecutivo adoptar medidas urgentes y flexibles, incluyendo la emisión de decretos legislativos para atender de forma inmediata las necesidades de los territorios impactados.


Los departamentos incluidos en esta declaratoria son: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.


¿Por qué se declaró la emergencia?


La decisión se sustenta en un fenómeno hidrometeorológico atípico, con precipitaciones muy superiores a lo habitual, que provocaron inundaciones, movimientos de masa, crecientes súbitas, vendavales y otros efectos adversos, superando la capacidad de respuesta institucional y generando impactos graves en la vida cotidiana de miles de familias.


Esta situación crítica ha afectado la infraestructura, la producción agrícola, la movilidad, los servicios públicos y los sistemas de salud y educación en las zonas más golpeadas. La emergencia pone en evidencia cómo eventos climáticos extremos —más frecuentes por el cambio climático— demandan respuestas rápidas y recursos adicionales para proteger a las comunidades.



¿Qué se puede hacer durante la emergencia?


Durante los 30 días de vigencia del decreto, el Gobierno podrá:


  • Asignar recursos presupuestales sin los trámites habituales para agilizar la ayuda humanitaria y reconstrucción.

  • Adoptar medidas excepcionales mediante decretos legislativos para enfrentar la crisis.

  • Reactivar la economía local y garantizar servicios esenciales en las zonas afectadas


Además, la Constitución establece la convocatoria al Congreso de la República para ejercer el control político del uso de estas facultades una vez que se supere el estado de emergencia.


¿Una medida sin precedentes?


Esta declaratoria responde a una crisis multidimensional: las lluvias han desencadenado efectos económicos, sociales y ecológicos que demandan atención inmediata. Expertos señalan que medidas como esta permiten concentrar esfuerzos, coordinar ayudas nacionales e internacionales y fortalecer la gestión del riesgo para aminorar el impacto sobre las comunidades vulnerables.


Esta emergencia —vigente hasta el 11 de marzo de 2026— busca proteger vidas, bienes y la actividad productiva en momentos en que el país enfrenta condiciones climáticas extremas que ponen a prueba los mecanismos de respuesta institucional.



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