Vivimos en un país donde no les gusta la verdad: corrupción, salud pública y resistencia al escrutinio

Escrito por: Sevastian Marquez, director general de Radio Rebel

---

Colombia atraviesa una crisis de credibilidad institucional. En medio de un sistema de salud que muchos califican de fallido, las denuncias de corrupción en las EPS (Empresas Promotoras de Salud) han salido a la luz con fuerza gracias al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero como suele ocurrir, revelar la verdad no siempre garantiza aceptación, responsabilidad ni cambio inmediato. Veamos qué se ha denunciado, quiénes reaccionan, qué hay de nuevo, y por qué la verdad muchas veces incómoda.

Imagen de Radio Rebel

¿Qué denuncias hay sobre la corrupción de las EPS?

Varios casos recientes indican que hay irregularidades graves en las EPS, especialmente en la Nueva EPS, Coosalud, Emssanar, SOS, Asmet Salud, entre otras.

Algunos puntos clave:

• Informe de Contraloría sobre Nueva EPS: El presidente Petro afirma que la Contraloría General ratificó lo que el gobierno había denunciado: que en la Nueva EPS se ocultaron cerca de 5 billones de pesos, resultado de unos 12 millones de facturas que no estaban bien reflejadas en la contabilidad al intervenirla.

• Denuncias sobre Coosalud: Se ha pedido a la Fiscalía investigar presuntos desvíos de recursos en Coosalud, incluso hacia paraísos fiscales.

• Investigaciones disciplinarias abiertas: Por ejemplo, la Procuraduría abrió investigaciones en interventores de cuatro EPS: Coosalud, Emssanar, SOS y Asmet Salud, por presuntas irregularidades en el uso de los recursos que deberían destinarse a salud.

• Desvíos durante la pandemia: Se denunció que 18 de las 26 EPS del país habrían incurrido en irregularidades de recursos públicos entre 2020 y 2021, con cifras en torno a los 9 billones de pesos.

• Magnitud histórica: El presidente ha dicho que desde la Ley 100 de 1993 hasta ahora, se han robado cerca de 100 billones de pesos del sistema de salud.

El gobierno también sostiene que muchas de las deudas de EPS con hospitales o IPS no se deben solo al flujo normal de pagos, sino a prácticas sistemáticas de ocultamiento de facturación, maniobras contables, contratos dudosos, etc.

¿Cómo responden las EPS, los actores políticos y la sociedad?

No hay una sola narrativa. Se mueven varias fuerzas:

• EPS negando o pidiendo rectificaciones: Por ejemplo, la junta directiva de Coosalud contestó públicamente acusaciones de haber perdido 200.000 millones de pesos, exigiendo al presidente rectificar afirmaciones que según ellos “afectan su buen nombre”.

• Entes de control e investigaciones: La Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Superintendencia de Salud han sido activados. En algunos casos se están abriendo pliegos de cargos, investigaciones disciplinarias, auditorías.

• El papel del gobierno: El presidente Petro desde su campaña insistía en que había corrupción sistemática en las EPS, y en este gobierno se ha publicado y denunciado con documentos públicos algunos de estos casos. También ha llamado a reformar el sistema, a intervenir EPS, a vigilar más fuerte, a que la SuperSalud actúe, etc.

• Críticas al gobierno: Como siempre, quienes están del otro lado critican que las denuncias no se traduzcan en soluciones estructurales, o que se usen como arma política. Algunos señalan que hay exageraciones, que las EPS tienen problemas reales de financiación, que intervenciones pueden descomprimir un problema, pero crear otros. También hay quienes dicen que hay un desequilibrio entre lo que se dice y lo que se hace.

¿Por qué la verdad suele generar polémica, resistencia o desacreditación?

Aquí entra lo que tú preguntas: ¿vivimos en un país donde no les gusta la verdad?

Varios factores entran en juego:

1. Intereses creados y negocio político-económico. Las EPS son intermediarias entre el Estado, los usuarios, y los prestadores del servicio (IPS, hospitales). Cuando el flujo de dinero es grande, hay posibilidad de negocios, contratos, comisiones, oligopolios. Revelar corrupción afecta esas cadenas de interés.

   
   

2. Falta de transparencia y opacidad institucional. Muchos procesos contables, contratos y gastos no están visibles para la ciudadanía. Hay registros paralelos, facturación oculta, diferentes reportes para distintos entes de control, etc. Esto facilita que quienes hacen denuncias puedan ser atacados, deslegitimados, o que se cuestione su base probatoria.

   
   

3. Polarización política. En Colombia (como en muchos países), decir “corrupción” se convierte muchas veces en un arma política. Si la denuncia llega de un gobierno, quienes la adversan la ven con sospecha de ser propaganda. Si llega de otro sector, se la acusa de "mentira", de exageración, de querer desestabilizar.

   
   

4. Medios de comunicación y narrativas públicas. Lo que se dice en medios, lo que se escucha en discursos públicos, lo que se viraliza en redes sociales muchas veces prioriza lo espectacular, lo emotivo, lo polarizante. Eso hace que las denuncias de corrupción se conviertan en “escándalos” más que debates técnicos y estructurados sobre reformas. A veces, en la búsqueda de atención, se usan cifras grandes sin contexto, lo que abre espacio a que se desacredite la denuncia.

5. Desconfianza ciudadana. Muchos han vivido engaños, promesas rotas, casos de corrupción previos que quedaron impunes. Eso genera cinismo. Cuando alguien dice que hay corrupción, algunos reaccionan “¿otra denuncia más?”, “¿y quién responde?”, “¿va a cambiar algo?”, “¿esto no es lo mismo que venía pasando?”. Así la verdad se vuelve algo doloroso, incluso fatigoso, que produce cansancio en lugar de movilización.

   
   

6. Mecanismos legales lentos o débiles. Tener pruebas, llevar casos ante la Fiscalía, enjuiciar, condenar: es un camino largo. Muchas denuncias se quedan en investigación o se archivan. Eso hace que quienes denuncian no vean resultados tangibles, y los acusados puedan seguir en funciones o libres.

¿Qué implicaciones tiene todo esto para el sistema de salud y la democracia?

• Impacto en los servicios al ciudadano: Cuando hay corrupción, falta de atención, demoras, problemas de acceso, financiación insuficiente, cierres, porque los recursos no llegan donde deberían. El daño más grave lo sufren los usuarios, especialmente los más vulnerables.

  
  

• Deslegitimación institucional: Si los ciudadanos sienten que no se castiga a los corruptos, o que las denuncias quedan en palabras, disminuye la confianza en instituciones como la Superintendencia de Salud, la Fiscalía, el Gobierno, etc.

  
  

• Posible reforma estructural: Las denuncias podrían servir como catalizador para cambios en la regulación de las EPS, en los mecanismos de control, en la transparencia de contratos y facturación, en la rendición de cuentas. Pero para que eso ocurra, debe haber voluntad política, presión ciudadana, y seguimiento.

  
  

• Riesgo de polarización extrema: Si la verdad se convierte en arma de campaña, o en motivo de enfrentamiento institucional, puede debilitar los espacios de diálogo y generar que quienes podríamos estar de acuerdo en la necesidad de reformar la salud, terminemos peleando por quién tiene la razón en lugar de cómo arreglar lo que está roto.

¿A pesar de todo, hay algún avance?

Sí, hay señales de que algunas verdades están saliendo, que algunos mecanismos de control funcionan, y que algo de presión social e institucional existe:

• Que organismos como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía estén investigando casos de transparencia y abriendo pliegos de cargos es un avance.

  
  

• Que el presidente del país denuncie públicamente casos de corrupción, que los haga visibles, obliga a que otros actores reaccionen —los medios, la justicia, la ciudadanía.

• Que haya demanda de reforma al sistema de salud, con voces desde distintas posiciones, exigiendo más transparencia, sanción, mejor asignación de recursos.

  
  

Pero no basta con denunciar; hace falta resolver, castigar, reformular lo institucional, de modo que las trampas sean menos posibles.

¿Vivimos en un país donde no les gusta la verdad?

Creo que más que no les guste la verdad, lo que muchas veces sucede es que la verdad duele: afecta intereses establecidos, obliga a cambiar, cuestiona estructuras, expone negligencia o complicidad. Y cuando la verdad aparece, algunos la rechazan no necesariamente porque les moleste lo ético, sino porque les amenaza lo económico, lo político o lo social:

• Los que tienen poder dentro del sistema –económico, político– pueden perder privilegios.

• Los implicados (directa o indirectamente) pueden enfrentar sanciones, pérdidas de contratos, reputación, dinero.

• Revelar la verdad, demanda evidencias, tiempos, riesgos (investigaciones, represalias).

  
  

Así, hay una resistencia que puede manifestarse en negar, en minimizar, en atacar al denunciador, en mover la atención hacia temas distraídos, en burocratizar los procesos de control.

Pero también creo que muchas personas sí quieren la verdad: quienes esperan un sistema de salud que funcione, quienes necesitan atención, quienes pagan impuestos, quienes se indignan con la injusticia. La pregunta es si esas personas tienen espacios reales para incidir, y si hay mecanismos institucionales capaces de atender sus denuncias sin corrupción, sin capturas políticas, con consecuencias reales.

Las denuncias sobre corrupción en las EPS representan algo más que casos aislados. Muestran fallos estructurales en el sistema de salud, en los controles estatales, en la transparencia, en la rendición de cuentas. Revelan que durante años se han creado redes de negocio alrededor de la salud como servicio público, en detrimento de quienes menos tienen.

El gobierno ha dado pasos al hacer públicas las denuncias, al activar organismos de control; eso es necesario. Pero no es suficiente si no va acompañado de sanción, de reforma institucional, de transparencia real, de participación ciudadana efectiva.

Vivimos en un país en que la verdad, sí, muchas veces incomoda; sí, muchos la evaden; sí, hay fuerzas que prefieren que siga prevaleciendo la opacidad. Pero también vivimos en un país donde la sociedad civil, los medios, algunos funcionarios, y quienes padecen el daño, tienen ganas de que esa verdad cuente, que transforme.

Si los colombianos queremos un sistema de salud digno, lo tenemos que exigir —no solo que se sepan las verdades, sino que produzcan cambios concretos: justicia, reparación, prevención.